La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, informó que los solicitantes de asilo de Eritrea serán deportados inmediatamente si el país africano cancela su reclutamiento militar obligatoria de por vida.
En las últimas décadas, muchos eritreos huyeron del país para evitar el reclutamiento militar obligatorio, indefinidamente prolongado, que ha sido criticado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una grave violación de los derechos humanos.
En 2014, Israel completó la construcción de una valla electrónica de 242 kilómetros a lo largo de la frontera con Sinaí. La inmigración ilegal a través del Sinaí cayó a solo 11 casos en 2016 y 0 en 2017.
Las organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos civiles en Israel y en el extranjero consideran que los migrantes de Eritrea (y Sudán) son refugiados, mientras que los opositores los consideran “infiltrados” que vienen a Israel por razones económicas.
Los comentarios de Shaked se produjeron después de que a la última camada de conscriptos en Eritrea se les dijo, que su servicio no duraría más de 18 meses, asimismo, otras fuentes manifestaron que es demasiado pronto para declarar el final de la conscripción obligatoria de tiempo ilimitado en Eritrea.
Alrededor del setenta y dos por ciento de los migrantes son eritreos y el 20% son sudaneses, que en muchos casos huyeron del genocidio en Darfur y de los combates entre Sudán y Sudán del Sur. Según el Ministerio del Interior, hay alrededor de 42,500 inmigrantes africanos en Israel, la mitad de ellos niños y mujeres o hombres con familias.