Israel abandonó el plan de deportación masiva de inmigrantes africanos en el que trabajaba, al no haber conseguido un acuerdo con un tercer país para que fuera el destino final de los expulsados.
«En este punto no hay posibilidad de implementar un plan de deportación a un tercer país sin acuerdo. Por lo tanto, el 17 de abril de 2018, (el Estado) ha dejado de celebrar audiencias como parte de su política de deportación, y no se tomarán más decisiones de deportación en este momento», declara un comunicado presentado ante la Corte Suprema.
Tras esta decisión, las órdenes de deportación que ya habían sido emitidas quedan canceladas y los inmigrantes a los que les caduque su permiso de residencia temporal podrán obtener una renovación cada dos meses «de acuerdo a la política vigente antes de la implementación del plan», matiza la nota.
El primer ministro, Biniamín Netanyahu, informó paralelamente que se reiniciaban las preparaciones para reabrir el centro de detención de inmigrantes cerrado tras dejar en libertad a todos los recluidos hace menos de dos semanas al finalizar el plazo dado por la Corte Suprema al Gobierno para presentar una nueva propuesta de deportación.
Varias ONG israelíes por los derechos humanos reaccionaron en un comunicado declarando que las deportaciones forzosas «nunca deberían haber sido una opción».
«Es una gran vergüenza que haya sido necesaria la intervención de la Corte y la falta de participación de otros países para que Israel haya abandonado el plan», reza la nota, que insta al Gobierno a «cambiar de dirección y adoptar un plan real que implique la absorción de 36.000 solicitantes de asilo que han vivido en Israel durante 6-12 años».
Amnistía Internacional, por su parte, dio la bienvenida a la decisión, pero mostró su preocupación por que siga en marcha lo que Israel define como deportaciones «voluntarias», que alegó no son tales «si la alternativa es la detención indefinida o un riesgo grave de daño», informó la organización.
El anuncio pone fin a meses de controversia después de que en enero Israel presentara un plan de deportación masiva para 32.000 de los 38.000 inmigrantes ilegales africanos, en su mayoría eritreos y sudaneses, que residen en el país, excluyendo a 6.000 menores y a progenitores con hijos a su cargo.
El programa, que contemplaba deportaciones forzosas a terceros países o el ingreso en prisión para todos aquellos que rechazaran irse, fue criticado por numerosas voces, que aseguraron que no garantizaba la protección de los demandantes de asilo, a los que Israel considera «infiltrados».
La Corte Suprema también paralizó temporalmente las deportaciones tras plantear que dicha iniciativa tenía defectos legales.
Este proyecto fue cancelado a principios de abril, cuando Netanyahu llegó a un pacto con la ONU para que 16.000 personas se quedaran en Israel y la otra mitad fueran reubicadas en países occidentales.
Horas después de su anuncio, el jefe del Ejecutivo canceló el acuerdo tras críticas y presiones de sus socios gubernamentales. EFE y Aurora
¿Cómo puede Israel estar seguro de que los eritreos y los sudaneses no son terroristas enviados por Irán y sus vasallos? Deben estar preparados para deportar a los delincuentes, pero ciertamente no sería simpático deportar a tanta gente sin que se sospeche de que lo que hay es racismo.
para eso estan los dervios de inteligencia