La Knéset (Parlamento) aprobó en lectura preliminar, por 60 votos a favor y 40 en contra, una visión enmendada de la llamada “Ley de Regularización”, un proyecto de ley que trata de regularizar la situación de los asentamientos israelíes que fueron construidos sobre tierras privadas palestinas en Cisjordania (Judea y Samaria).
El texto salió adelante tras semanas de maniobras políticas y luego de un intenso debate parlamentario.
El líder de la oposición, Itzhak Herzog, de la alianza Campo Sionista, criticó duramente el proyecto de ley: “Esta es otra disputa que se recordará en la historia del Estado. Este es un proyecto de ley para la creación de un estado binacional. Es un trato de rinocerontes. Ustedes saben que ponen en peligro a los comandantes del Ejército de Defensa de Israel, a los líderes del Estado y al carácter del Estado”, exclamó Herzog. “Ustedes saben que esto va en contra de la opinión del asesor legal del Gobierno. Este proyecto de ley es un día negro para la Knéset”.
Yair Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid, rechazó el proyecto de ley por considerarlo inútil, dado que el desalojo y demolición del asentamiento ilegal de Amona sigue programado para antes del 25 de diciembre. “¿Qué es lo que está pasando realmente? Están evacuando Amona y nueve casas en Ofra. Todo esto por un proyecto de ley que va a ser cancelado. Mi corazón está roto por los residentes de Amona que fueron vendidos para fines de relaciones públicas”.
Tras ser aprobada previamente por la Comisión Ministerial de Legislación, la nueva versión enmendada fue elevada a la Knéset para su votación; a pesar de que el asesor legal del Gobierno, Avichai Mandelblit, expresó sus objeciones sobre el nuevo proyecto ley, que aunque no es aplicable a Amona, aún tiene elementos que violan las normativas estándar para los procesos de regularización en Cisjordania y de los asentamientos construidos sobre tierras privadas palestinas.
Mandelblit advirtió que el proyecto de ley no sólo constituye una contravención a la legislación israelí y a la jurisprudencia internacional, sino que también es indefendible ante la Corte Suprema de Justicia.
Recientemente, Mandelblit ofreció una solución de compromiso para Amona según la cual sus habitantes serían trasladados a tres áreas al norte del asentamiento sobre los cuales los palestinos no han hecho reclamos de propiedad; pero tendrían que evacuar la zona después de ocho meses. La solución temporaria sería aprobada solamente a condición de que la “Ley de Regularización” no fuese llevada a la Knéset para su votación.
Netanyahu: la intención es salvar “otros Amonas”
La votación del proyecto pasó por la vía legislativa acelerada horas después de que el primer ministro, Biniamín Netanyahu, y el líder del partido religioso nacional Habait Haiehudí, Naftalí Bennett, alcanzaran un acuerdo sobre la versión del proyecto de ley, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.
El texto que fue aprobado en primera lectura debe superar otras dos votaciones después de su paso por comisión.
Objeto de una fuerte pulseada política entre ambos dirigentes, la ley no será aplicable en el caso del asentamiento de Amona, que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado evacuar antes del 25 de diciembre por estar erigida en tierras privadas palestinas, lo que la legislación israelí e internacional prohíben.
Bennett exigía que este asentamiento ilegal o “outpost”, levantado con la connivencia del Gobierno en 1996, permaneciera en su sitio y los propietarios palestinos fueran compensados económicamente, pero la oposición del asesor legal del Gobierno, Avichai Mandleblit, y de Netanyahu a desafiar al Poder Judicial llevó a enmendar la versión del texto.
Con o sin el artículo que hacía referencia a Amona, para el asesor legal el proyecto sigue siendo «inconstitucional», entre otras razones porque contiene elementos que no cumplen las normas sobre recalificación de suelo en la zona de Cisjordania y continúa expropiando terrenos que son de propiedad privada en otros asentamientos, además de oponerse al carácter retroactivo de la ley.
Netanyahu reconoció públicamente que su intención con el proyecto es salvar «otros Amonas», en alusión al medio centenar de lugares que no cuentan con autorización de las autoridades porque fueron levantadas unilateralmente por los colonos, quienes a su vez alegan que lo hicieron con el apoyo de instituciones públicas.
Estos asentamientos son consideradas ilegales, o cuanto menos «no autorizados», por la propia legislación israelí.
A raíz del acuerdo alcanzado con Netanyahu, Bennett afirmó que la nueva norma de regularización retroactiva del asentamiento es el comienzo del fin para la «solución de dos Estados» y la aplicación de facto de la ley israelí en el territorio de Cisjordania.
«Es un día histórico… Hoy el Parlamento de Israel se ha pasado del carril [que conducía] a la creación de un Estado palestino al de la aplicación [futura] de la soberanía israelí en Judea y Samaria (Cisjordania)», manifestó.
Agregó que «la ley de regularización es la punta de lanza para extender la soberanía» israelí.
Una versión anterior de la ley, que incluía la legalización de Amona, ya había sido aprobada a mediados de noviembre en lectura preliminar, pero no fue sometida a votación por falta de apoyos dentro del propio Gobierno.