Gobierno de Israel pide una prórroga de 45 días para evacuar el asentamiento ilegal de Amona

21 diciembre, 2016
Foto: Yaakov Wikimedia CC BY-SA 3.0

El Gobierno pidió a la Corte Suprema de Justicia una moratoria de 45 días para acometer la evacuación del asentamiento ilegal de Amona, después de alcanzar el domingo un acuerdo con sus habitantes para que abandonen sus casas de forma voluntaria.

La petición ha sido presentada por el asesor jurídico del Gobierno días antes de que venza el plazo del 25 de diciembre dado por la Corte para la evacuación del asentamiento, que fue levantada sin autorización gubernamental en tierras privadas palestinas, en contra de las leyes israelíes.

El pacto acordado con los habitantes de Amona, después de meses de negociación, establece su traslado temporal a un terreno aledaño a su actual ubicación, aunque una ONG israelí ya ha presentado un recurso a la Corte porque también se trata de tierras privadas.

Para el traslado, Israel ha recalificado las parcelas como «propiedad abandonada», alusión a que sus propietarios abandonaron el país en alguna de las olas de refugiados palestinos en las guerras de 1948 y 1967.

La ONG Yesh Din (Hay ley) sostiene, sin embargo, en un recurso presentado, que un palestino cuya identidad no revela por motivos de seguridad tiene derechos de propiedad sobre el 90% de una de las parcelas adjudicadas.

«Lo que intentamos es que se reconozca que no son tierras abandonadas como sostiene el Gobierno. Si lo reconocen, no hará falta iniciar un proceso legal como el de Amona», explicó el portavoz de la organización, Gilad Grossman.

Yesh Din inició en los últimos días procedimientos administrativos similares sobre varias parcelas colindantes que pertenecen a la villa árabe de Silwad y alrededores y que también han sido declaradas en situación de abandono.

El proyecto del Gobierno consiste en trasladar a los colonos a otra ubicación durante ocho meses, hasta reconstruir sus viviendas y ofrecerles instalaciones públicas en un asentamiento autorizado por la ley local.

Y argumenta ante los jueces que los 45 días le son necesarios para realizar el traslado a su ubicación temporal o encontrar tierras alternativas.

El proyecto costará al erario público hasta 130 millones de shékels (32,5 millones de euros o 33,7 millones de dólares). EFE y Aurora

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