Esperando el nuevo año

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Benito Roitman

a la memoria de José Fosman

En estos días, mientras en el escenario político israelí se continuaba procesando aún el efecto de las declaraciones del Presidente Trump sobre Jerusalén, así como se internalizaba la rápida reacción internacional ejemplificada en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a esas declaraciones, en el ámbito económico interno la preocupación era otra. Lo que se destacaba en lo inmediato era el anuncio de la empresa farmacéutica Teva -considerada hasta hace muy poco como la mayor gema del sector privado empresarial israelí- de proceder al cierre de varias de sus plantas en el país (en Jerusalén, precisamente) y al despido, en el curso de los próximos dos años, de unos 1.700 trabajadores en Israel; todo ello como parte de un plan que incluye despidos masivos de trabajadores de Teva en plantas ubicadas en el resto del mundo, para intentar resolver los graves problemas de la empresa. Ese plan seguramente será llevado a la práctica, pese a las manifestaciones en su contra, pese al paro solidario convocado por la Histadrut (Confederación Sindical) y pese a las reuniones mantenidas por el Primer Ministro con los encargados de llevar a cabo ese plan de recuperación. Al mismo tiempo, se reproducen y aumentan las manifestaciones que reclaman contra la corrupción y exigen la renuncia del primer ministro (en varias de esas manifestaciones se han incorporado carteles señalando que el pueblo exige justicia social, lo que nos retrotrae en algo a las movilizaciones populares del año 2011).
Es decir, en estos días se constata, por un lado, la toma de posición de gran parte de la opinión pública interna, aplaudiendo las declaraciones del Presidente Trump sobre Jerusalén (inclusive los dirigentes de los principales partidos de oposición en Israel -Yesh Atid y Majané Tzioní- las apoyaron), lo que aparece congruente con el resultado alguna encuesta reciente, en la que el 58% afirma que esas declaraciones fortalecen la posición de Israel en el mundo (contra un 17% que cree que la debilitan), y con las afirmaciones de nuestro Primer Ministro, de que estamos ampliando nuestra base de apoyos internacionales. Esto no es congruente con los resultados de la ya mencionada votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas; pero como con esos resultados se puede reafirmar la imagen de que el mundo está contra nosotros (con pocas y honrosas excepciones), cosa que también suele comentar nuestro primer ministro, las contradicciones se pueden ir al diablo.
Pero como señalara previamente y en paralelo con este marco de reacciones referidas al escenario político, y más precisamente vinculadas (negativamente) al cuasi difunto proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos, la calle comienza a ser el escenario de reclamos de diferente naturaleza. Las manifestaciones y paros, a raíz de los anuncios de Teva respecto a las medidas que ha decidido tomar para salvar a la empresa para sus dueños y administradores, parecen ser reacciones en cámara lenta frente a fenómenos tales como los subsidios y las exenciones impositivas otorgadas y los muy altos emolumentos que reciben los directivos y la alta gerencia, cosas todas que hace tiempo forman parte del folklore económico del país. Y no es que esos reclamos, que incluyen la defensa de los puestos de trabajo, estén fuera de lugar; por el contrario, son totalmente justificados. Sin embargo, la raíz del problema está en el modelo de funcionamiento de la economía, que al mismo tiempo que predica la supremacía del mercado, privilegia a los grupos de poder económico y subordina a los intereses de éstos los instrumentos de regulación de que dispone el Estado. Pero en todo caso, estas protestas pudieran sembrar la duda, en un futuro próximo, de la validez de ese modelo, y contribuir a substituirlo por uno más afín a las viejas aspiraciones solidarias de esta sociedad.
De manera simultánea -y no casualmente- se están multiplicando las manifestaciones públicas contra los fenómenos de corrupción que se manifiestan en el país, y contra lo que se percibe como una cierta negligencia en su tratamiento, al menos en término de los plazos que lleva investigarlos y juzgarlos. Y es preciso hacer hincapié en lo de las manifestaciones públicas, porque de estos fenómenos se viene hablando desde hace tiempo, pero los reclamos masivos en la calle son recientes. En el conjunto internacional, Israel no aparece como un país particularmente corrupto; en el Índice de Corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, Israel aparece -para el año 2016- en la posición 28 entre 163 países (en el año 2006 se encontraba en la posición 34, lo que significa que en estos 10 años habría mejorado; en todo caso, en las dos ocasiones se posicionó por debajo de dos países latinoamericanos: Chile y Uruguay).
Sin embargo, quizás valga la pena observar que tan importante como el nivel de corrupción atribuido a un país dado, es el grado de aceptación de ese estado de cosas por parte de la sociedad de ese país, o al menos de partes significativas de esa sociedad. En otras palabras, importa tanto conocer el nivel de los actos de corrupción como el grado de sanción social que tienen esos mismos actos, sean o no legalmente punibles. Porque la sanción social se respalda más en valores éticos que en disposiciones legales. En este sentido el tango Cambalache es emblemático, al describir un estado de carencia de sanción social: “Siglo veinte cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil”.
En alguna medida parecería que últimamente, en Israel, se estaba viviendo algo similar, con bajos niveles de sanción social, tanto en el plano público como en el privado, e incluso en acciones en el exterior (recuérdense las acusaciones de sobornos en la venta de armas y los arreglos financieros de algunos bancos locales con las autoridades fiscales estadounidenses para evitar sanciones mayores). Pero las recientes movilizaciones, que se van extendiendo a todo el país, explícitamente dirigidas contra la corrupción, estarían recuperando una creciente sanción social hacia actitudes cuya ilegalidad no siempre resulta clara en términos jurídicos.
Señalaba más arriba que estas movilizaciones recuerdan en algo a las del 2011. Entonces, el tema del crecientemente difícil acceso a la vivienda era central entre los manifestantes; hoy, en una reciente encuesta de Panels, empresa especializada en estos estudios, el 73% de los encuestados afirma que el Ministro de Finanzas no ha logrado disminuir o prevenir un aumento en el precio de las viviendas (cuando este punto era central en las promesas de ese mismo ministro, en las últimas elecciones). Pero hay sin embargo algo más en estas movilizaciones que recuerda a las 2011: en aquellas, un tema esencial en Israel, el tema de la ocupación y de la necesidad de negociaciones de paz, brillaba por su ausencia. Mucho se ha escrito hasta ahora -y se seguirá especulando- sobre el porqué de esta ausencia en aquellas circunstancias; pero el hecho es que ese tema continúa sin ventilarse en los reclamos y slogans actuales.
Aquí nuevamente afloran las contradicciones de esta sociedad. Tanto las protestas puntuales contra las decisiones de Teva como las movilizaciones contra la corrupción constituyen, a mi juicio, una saludable reacción de sectores de esta sociedad contra varios de los mecanismos que conspiran para mantener los privilegios que, entre otras cosas, han permitido y promovido una creciente desigualdad social. Pero en el plano político, la sociedad en su conjunto, o al menos sectores mayoritarios de ella, se resisten a discutir abiertamente los efectos de una continuidad de la ocupación -y del carácter de la misma- sobre la propia sociedad israelí. Y sin embargo, superar esas contradicciones, en la medida que la sociedad comienza a movilizarse, parece factible. ¿Será lo que nos depare el 2018?■

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