El último recurso en la enmienda constitucional: Las dos diásporas

Joseph Hodara

Los textos que en estos días la coalición gubernamental intenta insertar en las normas constitucionales de Israel implican una revolución ideológica y legislativa que traduce la composición y las aspiraciones de las fuerzas dominantes en el escenario parlamentario del país. Es una iniciativa impulsada personalmente por Biniamín Netanyahu con dos claros propósitos: de un lado, propinar un golpe definitivo a los grupos y minorías que profesan sin reservas el credo democrático y la equilibrada convivencia social, y, del otro, moderar las aspiraciones de la derecha cuasi fascista que enarbola el ministro de educación Bennet.

Ciertamente, los recientes pasos de Netanyahu en materia de política exterior  – en Washington, con Putin, en Polonia –, la creciente gravitación de la ciudadanía israelí de origen árabe que hoy representa la cuarta parte de la población, y la porfiada resistencia palestina en las tierras ocupadas  representan factores que multiplican su empeño.

En este escenario Netanyahu procura enarbolar temas y factores que probablemente le concederán una ruidosa victoria electoral si la ciudadanía israelí es convocada al voto en los próximos meses. Pero en un horizonte temporal más amplio esta iniciativa tendrá resultados destructivos: acentuará considerablemente la fragilidad de la democracia, fortalecerá las aspiraciones de los grupos que habitan las zonas ocupadas, ahondará la marginalidad y el resentimiento de más de tres millones de palestinos, y multiplicará la influencia de la ortodoxia religiosa no sionista que muy poco aporta a la economía y a la defensa del país.

No pocos preguntan qué necesidad hay de nuevos principios legislativos  considerando que en el amanecer del Estado- hace setenta años- la Declaración que anunció su creación e intenciones aún satisface los valores y las necesidades de la ciudadanía israelí más allá de las divergencias que hoy se revelan.

Una cláusula en particular es poco sabia: dictaminar que toda aglomeración – urbana o rural – podrá por derecho constitucional elegir selectivamente a sus miembros. Si esta prescripción obtiene mayoría bien rápido habrán de formarse urbes habitadas sólo por judíos con convicciones particulares; su identidad como tales no admitirán objeciones de cualquier índole. Así, no sólo palestinos serán rechazados. También ciudadanos de origen cristiano, musulmán, e incluso judíos que por alguna razón no se ajustan a todos los requisitos acordados por sus miembros. En rigor, tal prescripción hoy existe a nivel local como en kibutzim y moshavim. Pero convertirla en mandato constitucional es otro asunto.

Juzgo que la resistencia que la opinión pública israelí y los partidos de la oposición son capaces de ofrecer contra esta opresiva Ley constitucional es de momento débil. Por supuesto, no deja de suscitar sorpresa que el diputado que enérgicamente la auspicia es conocido por su particular identidad sexual que no pocos de sus compañeros de banca- sin justicia alguna-desprecian.

Cabe esperar que en el momento de la decisión final un partido como Israel Beitenu con sus adherentes que llegaron de la ex URSS o figuras como el propio Presidente Rivlin – lograrán frenar este impulso cuasi fascista. Pero si tal circunstancia no se verifica sólo la decidida resistencia de las diásporas de judíos y de israelíes que hoy suman más de seis millones de miembros podrá detenerlo.

Cabe recordar que los judíos repartidos en el mundo gozan hoy de facilidades y de derechos que los países donde habitan les conceden sin importantes reservas. Por supuesto, han conocido y conocen expresiones hostiles a nivel personal, e incluso existen agrupaciones que tienden a abanderarlas. Pero en todos los casos las actitudes antisemitas carecen de respaldo jurídico o constitucional. Así, cualquier intento de crear barrios o ciudades que abominan de los judíos será resistido por normas jurídicas y por círculos internacionales. Pero si el gobierno israelí sigue adelante con la Ley anunciada, que fundamentos tendrán las diásporas judías para objetar una similar discriminación?

Por otro lado, considérese el caso de los israelíes que se domicilian y trabajan en el extranjero. Se trata de algo más de un millón de personas – jóvenes y bien instruidos en su mayoría – que gozan de amplias libertades profesionales y personales. Si los países que habitan adoptaran la letra o el espíritu de las enmiendas constitucionales que la coalición gubernamental hoy auspicia la diáspora israelí experimentará en ellos – si no discriminación y privaciones- sentimientos encontrados y contradictorios.

En suma: no hay necesidad alguna de redactar y aprobar una » revolución legislativa» como la coalición gubernamental pretende. Primero, hay países que bien se han desenvuelto hasta hoy sin Constitución alguna. Inglaterra e Israel por ejemplo. Y segundo, prescripciones sobre los orígenes, identidad y derechos básicos de la ciudadanía ya se han proclamado desde los primeros pasos del país. Los añadidos y las enmiendas que hoy se proclaman no sólo afean y reducen el ámbito democrático. Inducirán a países y poblaciones donde judíos e israelíes encuentran amplia tolerancia- cuando no orgánica y equitativa inserción- a seguir el ingrato espíritu que en estos días domina en la Knesset.

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