El Parlamento de Israel da el primer paso para legalizar los asentamientos temporales

16 noviembre, 2016
Elihau Ben Dahan, Naftalí Bennet, Moti Yogev y Ayelet Shaked del Partido Habait Haiehudí Foto Knéset

La Knéset (Parlamento) aprobó en lectura preliminar un polémico proyecto de ley para la legalización de enclaves judíos temporales construidos sobre tierras privadas palestinas en el territorio de Cisjordania (Judea y Samaria), en contra de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

La ley, presentada por el partido religioso nacional, Hogar Judío (Habait Haiehudí), del carismático ministro de Educación, Naftalí Bennett, y respaldado por el Gobierno pese a la objeción de Biniamín Netanyahu, fue aprobada por 57 votos a favor y 52 en contra.

Durante el debate en el Parlamento, la oposición advirtió de las consecuencias que puede tener para Israel un proyecto de ley que no sólo erosionará el Estado de derecho y la separación de poderes, sino que también viola deliberadamente el derecho internacional.

El proyecto, bandera de los grupos de derecha, trata de evitar la prevista evacuación del asentamiento de Amoná, levantado por colonos sobre tierras de propiedad privada y que la Corte ha ordenado evacuar y demoler antes de que termine el año.

La legislación israelí prohíbe la expropiación de tierras privadas, con o sin indemnización -como prevé la nueva ley-, de forma que considera ilegales todos estos enclaves, calculados por las Naciones Unidas en un centenar..

El proyecto llegó al Parlamento de la mano de varios diputados de derecha que defendieron el derecho de Israel a colonizar su tierra, y que aseguraron que la «ocupación no existe» porque «un pueblo no puede ocupar la tierra que le pertenece», en palabras de la diputada de Hogar Judío, Orit Strook.

Se trata de todos los enclaves levantados por los colonos sin la autorización formal del Gobierno, aunque sí con la connivencia de instituciones oficiales y gubernamentales.

La oposición, encabezada por el laborista Isaac Herzog, advirtió de que el proyecto de ley supone un «grave daño» a la autoridad de la Corte Suprema y calificó de «robo» la intención de que, por primera vez, tierras privadas palestinas sean expropiadas para ser transferidas a los colonos.

«Esto es un robo», repitió varias veces Herzog, quien insistió en que el proyecto no es legal porque atenta contra la Corte Suprema, que lo prohíbe, y contra el derecho internacional.

Según expertos, la ley, de ser aprobada en sus tres lecturas, aún podría ser anulada por la Corte Suprema por incluir un apartado de «retroactividad» que en la ley nacional no suele contemplar.

Destacan en ese sentido que una intervención de la Corte conduciría a un peligroso enfrentamiento entre esos dos poderes del Estado, dado que incluso el asesor legal del Gobierno ha advertido que no podrá defender la ley ante las instancias judiciales. EFE y Aurora

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