El Fiscal General (Asesor Jurídico del Gobierno), Avijai Mandelblit, ha expresado su firme oposición a un nuevo proyecto de ley del partido religioso nacionalista Habait Hayehudí que limitaría la capacidad de la Corte Suprema para anular la legislación de la Knéset y ha tratado de persuadir a sus autores para que modifiquen la propuesta.
Mandelblit tuvo varias reuniones con la ministra de Justicia Ayelet Shaked (Habait Hayehudí) sobre el proyecto de ley, expresando su preocupación de que la legislación alteraría el cuidadoso equilibrio de poder entre las ramas judicial y legislativa de Israel, pero hasta ahora no han llegado a ningún compromiso.
El proyecto de ley, publicado por el líder Habait Hayehudí Naftali Bennett y Shaked, limitaría drásticamente el poder de la Corte Suprema de Israel al impedir que los jueces descalifiquen cualquier ley básica.
La Corte Suprema ha irritado con frecuencia a los políticos ortodoxos y de derecha con un espíritu intervencionista iniciado por Aharon Barak, presidente de la corte de 1995 a 2006. La interpretación legal de Barak amplió la gama de asuntos tratados por la corte y amplió su capacidad para anular la legislación que falló para proteger los derechos individuales y de las minorías.
Según el nuevo proyecto de ley, la corte podrá anular leyes regulares (en oposición a las Leyes Básicas), pero solo con un panel especial de nueve jueces presidentes y solo si dos tercios de esos jueces están de acuerdo.
Sin embargo, incluso si la corte desautoriza una ley, los legisladores podrían volver a legislar la ley con el apoyo de al menos 61 diputados, hasta por cinco años, y con la opción de renovarla después de ese momento, según el proyecto de ley de Bennett y Shaked.
A pesar de limitar el poder actual de la Corte Suprema, la ley también busca fortalecer las Leyes Básicas de Israel (que cumplen un rol de autoridad similar al de una constitución), dificultando que los legisladores las modifiquen.
Según el proyecto de ley, la Knéset solo podrá aprobar una Ley Básica con el apoyo de al menos 61 de los 120 legisladores en cada una de sus tres votaciones plenarias. Además, dichas leyes solo podrán presentarse al parlamento para su votación por parte del gabinete, el Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, o un mínimo de 20 legisladores.
Ante las duras críticas, Shaked y Bennett cuando fueron consultados por la prensa se mostraron más flexibles respecto del número de votos, abriendo a la posibilidad de que suba de 61 a 75 legisladores, de modo que se requiera suficiente consenso parlamentario, incluyendo a los miembros de la oposición. De este modo, si el gobierno y la oposición están de acuerdo en algo, entonces la Corte no debería interferir.
La mayoría de los partidos en la actual coalición han declarado que están a favor de una ley que limite los poderes de la Corte Suprema, aunque no está claro cuáles serían las posiciones finales del partido Likud y Kulanu.