Los colonos judíos del asentamiento de Amona, en la Cisjordania (Judea y Samaria), afrontan un desalojo inminente después de que la Corte Suprema sentenciara que construyeron sus hogares sobre «tierras privadas» palestinas, algo que la ley prohíbe tajantemente.
En lo alto de una de las múltiples colinas que plagan Cisjordania se levanta este discreto asentamiento de algo más de 40 casas, que comenzaron siendo pequeñas caravanas y con el paso del tiempo se convirtieron en espaciosos hogares que acogen a las familias más que numerosas -se estima que hay unos 200 niños- que viven allí, en algunos casos, desde hace casi dos décadas.
Maya Hillel, de 38 años y originaria de California, llegó hace catorce con la «aliá», la emigración de judíos a Israel.
«El Gobierno animó a la gente a venir, a construir los asentamientos», explica enfadada con un Ejecutivo que cree que les «ha traicionado», y reclama que los colonos «también son ciudadanos».
Según la ONU, hay cerca de 520.000 colonos en los territorios conquistados por Israel en la Guerra de 1967, distribuidos en unos 150 asentamientos, a las que se suma un centenar de «protoasentamientos» como el de Amona, ilegales para la legislación israelí por no tener permisos.
Mientras se afana por revertir el caos creado por sus seis hijos, esta profesora cuenta que hace diez años su casa fue una de las nueve destruidas en el mismo asentamiento por no tener permisos, a pesar de que el entonces primer ministro, Ariel Sharón, había animado a su construcción y dado facilidades económicas.
Ahora encara una situación similar porque en 2014 la Corte Suprema dictaminó que debe evacuar su nueva residencia, construida a pocos metros de la anterior sobre terrenos de palestinos.
El plazo expira en diciembre de este año y la cuestión se ha convertido en un agrio debate nacional que está tensando la cuerda en el seno del Ejecutivo.
La semana pasada, 25 parlamentarios -incluidos nueve ministros- firmaron una carta pidiendo que se legalicen de forma retroactiva las casas que afrontan demoliciones.
Un gesto al que declinaron sumarse el propio primer ministro, Biniamín Netanyahu, muy criticado por favorecer la expansión de los asentamientos, y el titular de Defensa, Avigdor Lieberman.
Los detractores de la propuesta, tanto de derecha como de izquierda, la miran con recelo porque supone la «legalización del robo» y pone en peligro el carácter democrático del país.
«Dudo que llegue a votación. No parece que Netanyahu la vaya a dejar pasar. Incluso si se aprobara, la Corte la cancelaría porque es anticonstitucional», asegura la portavoz de la ONG israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), Anat Ben Nun.
El fiscal general, Avijai Mandelblit, revisa la opción de reubicar Amona en un terreno cercano en virtud de la «ley de ausentes», que Israel aplica sobre propiedades abandonadas por palestinos tras la creación del Estado judío en 1948.
La iniciativa ya ha sido rechazada por palestinos, que con la ayuda de la ONG israelí Yesh Din han presentado pruebas de propiedad sobre 29 de los 35 lugares sugeridos como nuevo emplazamiento.
Tanto la evolución como la posición de Amona responde a una tendencia repetida en Cisjordania: un grupo de colonos israelíes se establece en un lugar -en muchos casos en colinas- en viviendas temporales, luego llegan las conexiones de agua y electricidad, y lentamente la comunidad se expande.
Hillel reconoce que, a pesar de las dificultades burocráticas para conseguir permisos en «Judea y Samaria» (nombre bíblico para Cisjordania), con frecuencia existe una vía para darles luz verde, pero ataca a su Gobierno por «ser incapaz de declarar que estas tierras son nuestras después de que han pasado 50 años desde 1967».
Como ejemplo, Israel aprobó en agosto con carácter retroactivo 178 casas levantadas en los años ochenta, y Shalom Ajshav afirma que sólo en 2016 se han legalizado 756 construcciones de este tipo.
Este asentamiento confía en que finalmente puedan quedarse, porque «siempre ha sido así, es como ha funcionado. La gente ha llegado, ha construido y después en algún momento consigues el permiso».
Y por ahora, solo se plantea esperar las decisiones de un Gobierno que, como prometió su ministra de Justicia, Ayelet Shaked, «hará lo posible por ayudarles». EFE y Aurora