Estados Unidos y Argentina acordaron actuar contra el grupo terrorista islámico chií libanés Hezbollah en Sudamérica.
En una conferencia de prensa en Buenos Aires, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, reveló que la conversación con el canciller argentino Jorge Faurié se centró en reforzar el trabajo conjunto frente al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la financiación de los grupos terroristas.
“Con respecto a Hezballah, también hablamos en nuestras discusiones sobre todas las razones por las que debemos ir tras estas organizaciones criminales transfronterizas -tráfico de narcóticos, tráfico humano, contrabando, lavado de dinero- porque vemos las conexiones con organizaciones de financiamiento del terrorismo también. Y discutimos específicamente la presencia del Hezbollah libanés en este hemisferio, que está recaudando fondos obviamente para apoyar sus actividades terroristas. Entonces, es algo que acordamos conjuntamente que debemos atacar y eliminar”, apuntó Tillerson.
En esa misma línea, Faurié indicó que compartieron la preocupación sobre el accionar de esas organizaciones criminales y apostaron por implementar medidas para “combatir juntos” esas problemáticas.
«Hoy es una zona de paz América Latina y no puede ser comprometida por el accionar de grupos externos», agregó el ministro argentino.
En diciembre pasado, un informe del portal de internet Politico reveló que la Administración Obama saboteó subrepticiamente una campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que apuntaba al grupo Hezbollah, apoyado por los iraníes, para evitar desbaratar el acuerdo nuclear que se estaba negociando con Teherán y que se selló en 2015.
La campaña, denominada “Proyecto Casandra”, fue lanzada en 2008 para monitorear el tráfico de armas y drogas de Hezbollah, que incluía el envío de cocaína a Estados Unidos.
Además del tráfico de drogas, el grupo terrorista libanés también estaba dedicado al lavado de dinero y otras actividades delictivas, que le redituaban mil millones de dólares anuales.
Cuando los investigadores -después de acumular evidencias sustanciales- solicitaron la aprobación del Ministerio de Justicia y del Departamento del Tesoro para iniciar los procesamientos, esas dos carteras se abstuvieron de responder, destaca el reporte de Politico.
“Esa fue una decisión política, fue una decisión sistemática”, aseveró David Asher, un analista del Departamento de Defensa de EE. UU., que se especializa en finanzas ilícitas y que ayudó a establecer y ejecutar el Proyecto Casandra. “Desmembraron en forma serial todo este esfuerzo que estaba muy bien respaldado y dotado de recursos, y eso se hizo de arriba a abajo”.