Benito Roitman
A mediados del mes pasado tuvo lugar en la Universidad de Tel Aviv una conferencia del Centro de Investigación de Políticas Económicas (Center of Economic Policy Research, CEPR, por sus siglas en inglés, ubicado en Londres), sobre un tema de indudable actualidad: “Crecimiento y desigualdad: efectos en el largo plazo de las políticas de corto plazo”.
En esa oportunidad, la Dra. Karnit Flug, Gobernadora del Banco de Israel, presentó una ponencia titulada “Crecimiento y desigualdad en la economía israelí: tendencias y desafíos”, con reflexiones sobre los avances de Israel en los últimos años y sobre los retos que sería preciso enfrentar y vencer para alcanzar y mantener un crecimiento sustentable (caracterizado, seguramente, por su carácter amigable con el medio ambiente) e inclusivo.
Permítaseme aquí una pequeña reflexión. Me refiero a la convergencia de acontecimientos que se acumularon en esos días. El 14 de mayo se inauguró, con bombos y platillo, la sede en Jerusalén de la embajada de los EEUU en Israel; en ese mismo día, se produjo el más fuerte enfrentamiento en la frontera con Gaza, con el mayor saldo de muertos y heridos del lado palestino; y esa noche, una alegre multitud festejó ruidosamente en Tel Aviv el premio obtenido por la cantante israelí Netta Barzilai en el concurso de Eurovisión.
Al otro día, 15 de mayo, en los recintos de la academia se discutían avances y retrocesos en el ámbito económico y social, y qué medidas de política convendría tomar para promover aquellos y evitar y superar éstos. No se crea que, en su conjunto, estos acontecimientos conforman un cuadro surrealista; por el contrario, constituyen un compendio de la realidad con la que se convive día a día. Pero dejemos esta reflexión y volvamos a las tendencias y desafíos de la economía israelí.
En la conferencia arriba citada, la Dra. Flug finalizó su ponencia señalando que sus planteamientos -referidos a las causas por las que se mantienen las desigualdades y se afecta el crecimiento- sugieren que “una productividad incrementada, a través de mejora del nivel de capital humano en todas las partes de la sociedad y en todos los niveles educativos, podría ser el principal instigador de un crecimiento inclusivo. Sin embargo, además de apoyar el crecimiento de la productividad, existe la necesidad de mejorar la calidad de la infraestructura –especialmente, el transporte público; hacer más eficiente la burocracia y la regulación excesiva; y realzar la competencia en varios sectores, incluyendo los servicios públicos, para asegurar un crecimiento de largo plazo que beneficie a todas las partes de la sociedad”
Es difícil no estar de acuerdo con estas conclusiones, que por otra parte vienen siendo difundidas desde el Banco de Israel en todas las oportunidades posibles. En el ambiente reinante en las esferas del gobierno esos planteamientos se expresan en la práctica (amablemente, eso sí) como críticas explícitas a varias de las políticas económicas en curso, referidas por ejemplo a las vinculadas al problema de la vivienda como a aquellas plasmadas en las orientaciones presupuestarias.
En el caso de estas últimas, se trata de oponerse a reducciones impositivas, que a su vez llevan a recortar sistemáticamente el gasto público como porcentaje del PIB y por ende a restar recursos tanto a los sectores sociales como a la construcción de infraestructura. Esto lleva a pensar que en su constitución actual, el Banco de Israel podría verse como la voz de la conciencia de la presente administración, al menos en el área de la economía. Sin embargo, es preciso reconocer que las dinámicas sociales que aceleran o estancan los procesos de crecimiento económico, van más allá de ajustes técnicos (y tecnocráticos) en el funcionamiento de los mecanismos económicos.
Ciertamente, una reforma profunda en el sistema educativo que eleve -en todos los niveles y para todos los integrantes del sistema- la calidad y cantidad de la enseñanza, y conduzca con ello a promover mayores habilidades en el conjunto de la mano de obra, tendría ciertamente efectos positivos en la elevación de la productividad laboral, que se constituiría así en un “principal instigador de un crecimiento inclusivo”. Pero una reforma profunda del sistema educativo, sin duda necesaria, va más allá de una mayor impartición de conocimientos.
De hecho, una reforma educativa profunda implica una revisión y readaptación de las prioridades de los valores que se transmiten y en un régimen democrático el eje rector de una reforma de ese tipo ha de enfatizar el desarrollo del pensamiento crítico. Y en este contexto, lo que ha de tenerse presente es que cambios de esta naturaleza no descansan sólo en lo técnico; de hecho en Israel la cartera de educación está precisamente en manos de un político. Por ello los cambios han de ser el resultado de decisiones políticas, inscritas a su vez en una concepción de mundo diferente a la que parece ser mayoritaria en el actual gobierno.
Asimismo, las decisiones requeridas en Israel en materia de una mayor inversión en infraestructura -y se habla en este caso de inversión pública- así como de un mayor gasto en sectores sociales, implican una reconsideración del concepto del Estado y de la tendencia actual a minimizar su actuación. No se trata, por otra parte, de imponer la presencia del Estado en todas las actividades. Pero lo que resulta necesario es definir las áreas en que la acción estatal cubre (o puede cubrir) las necesidades de la población con igual o mayor eficiencia -y con mayor equidad- a sabiendas que esas definiciones no pueden ser absolutas ni eternas (por ello no se vale esgrimir el argumento -presente tanto en Israel como en muchos otros países, imbuidos de la concepción neoliberal- de que el Estado es ineficiente siempre).
Y la definición de las áreas a permanecer en el ámbito estatal -sean monopolios naturales, servicios públicos o de utilidad pública, construcción y mantenimiento de infraestructura, servicios de seguridad, etc.- es en todos los casos también una decisión política, que debería estar sujeta, en último caso, a la opinión de la sociedad en su conjunto. Porque esa decisión requiere a su vez determinar los recursos con que se financiará, y la definición y caracterización del régimen tributario, su mayor o menor progresividad, es también una decisión política que debería reflejar la visión de mundo prevaleciente en la sociedad.
En resumidas cuentas, y parafraseando el viejo dicho de Clemenceau, podríamos decir que la promoción del crecimiento y la lucha contra la desigualdad son demasiado importantes como para dejárselas a los economistas. Pero entonces nos encontraríamos con el fardo de a quién dejárselas: ¿a los políticos?
En realidad, el liderazgo corresponde en su totalidad a la sociedad, cuya participación genuina ha de manifestarse en la elección de sus representantes, pero también en la intervención y discusión activa, en todos los niveles y en todos los tiempos (no sólo en la época de elecciones), en los temas que atañen a su bienestar y a su desarrollo como nación, tanto a nivel local como nacional, sin excluir los importantes temas de seguridad (estableciendo una clara distinción entre aquello que es reservado por razones atendibles y lo que se marca como confidencial como una forma del poder). ¿Estamos pidiendo demasiado? ¿O será que, citando a Marcuse, estamos siendo realistas y pedimos lo imposible? ■